- Se abrirá una convocatoria extraordinaria para dar cabida al mayor número de empresarios.
- Las sociedades públicas locales están pendientes de adaptar e incorporar determinados preceptos de la Ley de Bases de Régimen Local a su funcionamiento interno.
El boletín oficial de la ciudad publicó el pasado martes la resolución provisional del primer grupo de empresas beneficiarias de las ayudas COVID-19 que gestiona Proyecto Melilla, por lo que a partir de ahora, ya se podrán ir haciendo efectivas. Además, bajo la supervisión de la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio Dunia Almansouri, se sigue trabajando en una convocatoria extraordinaria para determinados sectores del comercio y autónomos, así como la puesta en marcha del Plan Reinicia ya detallado dentro del programa de Ayudas Covid-19. Se están abonando también las ayudas con cargo a Fondos FEDER para la inversión con creación de empleo.
El presidente en funciones de PROMESA, Emilio Guerra, ha comentado que a pesar de las muchas restricciones que a nivel operativo y de gestión supuso el Estado de Alarma, “estamos, en cuanto al capítulo de prestaciones, muy por encima de comunidades autónomas importantes”. Siempre se puede mejorar, ha significado Guerra, “pero existen evidencias objetivas para demostrar que a pesar de las dificultades, tenemos unos de los planes de ayudas más ambiciosos del territorio nacional y se están ejecutando con la mayor rapidez posible, conforme marca la ley”.
Para el responsable de la entidad pública mercantil, “no es conveniente trasladar la confrontación o el debate político al ámbito societario, y menos en los actuales momentos donde necesitamos la máxima concentración y eficiencia para responder a las demandas de empresarios y autónomos”.
PROMESA, es una sociedad instrumental de la Ciudad Autónoma para gestionar determinados servicios públicos, por tanto, “es perjudicial que las tensiones políticas puedan hacer mella en su plantilla de profesionales y órganos de administración”. “Es responsabilidad de todos evitar que eso ocurra”, significó el mandatario de Proyecto Melilla.
Emilio Guerra, habló también de la necesidad “inmediata” de abordar “cambios” en todas las sociedades públicas locales. Tras la puesta en marcha de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, que vino a reformar la Ley de Bases de Régimen Local, “estamos obligados a adaptar y modificar nuestras normas conforme a sus preceptos, pero por causas que desconozco, después de siete años, no se llevó a cabo en su totalidad por los gobiernos anteriores”.
Uno de los ejemplos de esas adaptaciones, que afecta a su gobernanza, es la “clasificación” de las empresas públicas locales que exige la Disposición Adicional Duodécima, núm. 4 de la LBRL 7/1985 (modificada por la Ley 27/2013) cuya competencia recae sobre el Pleno de la Asamblea de Melilla. Cuestión que afecta a la regulación del número de miembros de los consejos de administración, salarios del personal de alta dirección etc. Se podría decir, finalizó Guerra, que “estamos al margen” de una normativa con rango de ley, vigente y aplicada en toda España a partir de los años 2012 y 2013.
